Altos funcionarios del Minint, la Fiscalía y los tribunales abordaron este lunes junto a los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento las realidades y desafíos en la implementación de la Ley del Proceso Penal, promulgada en 2021 y otras cuestiones vinculadas con la instrucción, la interoperatividad entre los órganos involucrados, las garantías procesales y la celeridad de los procesos.
Entre los temas abordados estuvo el del completamiento y la superación del capital humano en las distintas instancias, de la instrucción a la finalización de los procesos, y la prioridad en la captación y superación profesional de las fuerzas.
Varios diputados intervinieron para exponer sus experiencias durante los intercambios y la verificación en la base.
La diputada Yenisei González, de Niquero, Granma, consideró que, aunque se aprecian indicadores de calidad con respecto a 2023, entre los retos están el cumplimiento de los términos, sobre todo en expedientes que llegan a plazo extraordinario y en la diligencia investigativa, así como la necesidad de seguir esclareciendo los hechos impunes, sobre todos los relacionados con hechos de violencia y delitos contra el patrimonio.
Se señaló, además, la importancia de optimizar los procesos con la incorporación de las TIC, vinculadas también con la mejora en el ámbito de los términos de los procesos.
Edelso Pérez, diputado por el municipio de Bolivia, provincia de Ciego de Ávila, mencionó condicionantes como el éxodo hacia el exterior y hacia otras actividades, recalcó la importancia del capital humano en el enfrentamiento, la investigación y el procesamiento de los casos, y subrayó que hay que enfocar la cuestión como una prioridad del Estado, no solo con la participación del Minint, la Fiscalía y los tribunales.
“Hay que buscar medidas audaces, serias, aun en un escenario de falta de recursos”, dijo. “Se requiere de capital humano, tecnología, más recursos, para no retroceder en el enfrentamiento y la investigación ante los retos actuales”, añadió, recalcando la importancia de la seguridad jurídica y ciudadana.
Ledys María Labrador, diputada por Puerto Padre, Las Tunas, habló del aumento de casos relacionados con el uso de la tecnología para cometer delitos. “Hay que conocer más el universo de la tecnología”, señaló, y llamó la atención sobre el hecho de que hoy hay muchos jóvenes que no son profesionales pero “tienen conocimientos profundos de las TIC”.
Ante esa realidad, opinó que es relevante lo que se pueda hacer en la educación, el trabajo con la familia y la prevención para el uso responsable de esas tecnologías.
“Creo que hay que mejorar la comunicación, llevar también a los medios casos de estafas digitales”, dijo, para que la población conozca lo que está sucediendo y tenga conciencia de los métodos.
La diputada Ana María Aparicio, de Cifuentes, Villa Clara, destacó la necesidad de asegurar la continuidad investigativa cuando se impone prisión provisional y evitar que se dilate la diligencia. “Hay relación consolidada entre la instrucción y la Fiscalía, pero hay que lograr estabilidad para asegurar las garantías”, dijo.
La primera coronel Moraima Bravet recordó que en un complejo panorama socioeconómico, con situaciones de escasez e inflación, ha habido un incremento del delito y quienes se involucran en este hacen más sofisticados sus modos de actuación, aumenta el uso de las TIC y se hace más compleja la detección.
Sin embargo −aclaró−, “no estamos atrás”, y coincidió en que se necesita una mayor presencia de casos en los medios para que la población conozca. “Tenemos que ir a una mayor comunicación social”, dijo, y añadió que, por ejemplo, en el programa televisivo Tras la huella “se están mostrando casos de distinta índole”.
La oficial informó sobre la situación en manifestaciones delictivas como el asesinato, los disparos con armas de fuego, homicidio y agresiones sexuales, en las que el índice de esclarecimiento está entre el 80 yy el 94%, pero reconoció la necesidad de elevar las tasas en otros como los relacionados con robo o el sacrificio de ganado.
“La investigación no se detiene en el esclarecimiento, hay que llegar a las causas, a las condiciones que generan y propician el delito”, apuntó.
Comentó que están trabajando para asegurar la retención del capital humano en una labor que requiere de mucho sacrificio. “Hay muchos jóvenes entre quienes trabajan en la investigación. También hay veteranos, que aportan su experiencia y pericia”, señaló.
Según la primera coronel, se está cumpliendo la política de severidad frente al delito, incluido el relativo a las drogas, “pero hay que lograr mayor prevención, detección temprana, y eso toca a todos, no solo al Minint. Hay que trabajar en la comunidad”.
A continuación, la fiscal general, Yamila Peña Ojeda, afirmó que con la Ley de Proceso Penal la Fiscalía adquiere mayor responsabilidad. Resaltó que se ha hecho hincapié en la preparación y la reorganización de la fuerza de esa institución.
Según Peña Ojeda, al cierre de junio pasado, el completamiento de la fuerza de la Fiscalía estaba al 74%, con varias provincias por encima de 80%.
Agregó que se ha puesto atención en el control de la investigación, se ha fortalecido la participación de la víctima y las garantías de sus derechos y se hicieron más de 39 000 controles a expedientes de fase preparatoria y más de 29 000 atestados. Además, se participó en 5 197 acciones de instrucción y en la autorización de 1 196 diligencias.
Informó que la medida de prisión provisional fue impuesta al 57% de imputados en atestados y al 84% en la fase preparatoria; fueron devueltos 17% de los atestados y 23% de expedientes de fase preparatoria por fiscales, que despacharon más de 9 800 expedientes, el 98% dentro del término.
“Todo lo que hagamos tiene que estar enfocado en organizar y optimizar los sistemas y procesos de trabajo”, dijo, y recalcó que se cumple la política de severidad, precisando que el 91% de las sanciones solicitadas implicaron el internamiento de los imputados.
“Estamos adoptando medidas, con atención diferenciada a los distintos territorios, en el ámbito de la celeridad de los procesos”, afirmó, y añadió que se avanza en la interoperatividad tecnológica de datos entre la Fiscalía y la instrucción en algunas manifestaciones delictivas.
En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos trascendió que se aprecia mayor dominio de la ley procesal y el Código Penal, aunque se requiere seguir mejorando en la diligencia probatoria y la cadena de guarda y custodia de evidencias, así como en los términos del proceso legal.
El presidente de la comisión, José Luis Toledo Santander, destacó la necesidad de medidas y acciones para que no demore la respuesta penal, que es vital en el enfrentamiento. “Hay que dar prioridad a la continuidad investigativa, analizar qué causas retrasan el proceso investigativo”, apuntó.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, sostuvo que, a partir de la Constitución de 2019, “nos hemos dado leyes extremadamente garantistas, que son un desafío para los involucrados en el manejo procesal. Es un gran desafío optimizar sin afectar la calidad de los procesos, que sean consecuentes la investigación y la actuación de la Fiscalía controlando”.
Remigio Ferro, quien informó que el completamiento de los jueces está al 69% en el país, reiteró que las normativas aprobadas introducen elementos que hacen que sean más dilatados y complejos los procesos, a lo que se une la complejidad de los delitos.
“Tenemos el gran desafío de incorporar más calidad en el proceso penal”, afirmó, y señaló que se está aplicando la política de severidad “porque está en juego la seguridad ciudadana”.
Al cierre del debate, Toledo Santander propuso que, con base en los resultados de un grupo de trabajo creado para abordar estos temas, se presente en octubre próximo una primera versión sobre cambios requeridos para la celeridad y calidad del proceso penal, “definir qué está entorpeciendo la marcha de la investigación”. La propuesta fue aprobada por los diputados.
Tomado de Cubadebate
Leer más...